El escrito de alegaciones a la sanción a Carlos Martínez, director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, fue presentado en el día de ayer en el registro de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.
El pasado 22 de diciembre, fue entregado en el centro el acuerdo de inicio de expediente sancionador en el que se propone una multa de 1.000 euros al director del colegio después de que éste enviara una carta a las familias en la que exponía su opinión sobre la nueva ley LGTB aprobada en la Comunidad de Madrid.
Martínez denunció en su carta los intentos de imponer una ideología a fuerza de sanciones y el dogmatismo de acusar de discriminación a quien piensa diferente: “¡Qué barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de los hijos! ¡Qué dogmatismo acusar de discriminación a quien piensa diferente!”.
La Fundación Educatio Servanda, promotora del colegio Juan Pablo II, destaca en un comunicado que la Consejería de Políticas Sociales ha entendido que las opiniones del director del centro sobre la ley LGTBi son susceptibles de sanción según esa misma ley. En el escrito de la Consejería entregado al centro, se propone dicha sanción porque en la carta el director “se muestra contrario a las legislaciones más recientes aprobadas por la Asamblea de Madrid”.
En el escrito de alegaciones se pone de manifiesto la gravedad de la iniciativa adoptada por la Consejería de Políticas Sociales que “infringe gravemente el ordenamiento jurídico” y supone “una violación flagrante” de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, así como de las normas de los tratados y convenios internacionales sobre las mismas materias.
En las alegaciones se destaca que el centro es un colegio concertado de ideario católico cuya propuesta está “abierta a todos los que comprendiendo y valorando la enorme contribución del humanismo cristiano a nuestra civilización, quieran transmitir a sus hijos estos valores, tengan un pleno respeto por su ideario y demuestren apreciar y compartir una propuesta educativa cualificada”.
El escrito de alegaciones termina pidiendo a la Consejería que deje sin efecto la resolución acordada. En su comunicado, la Fundación Educatio Servanda señala que la inspección de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no encontró ninguna irregularidad en el centro y que la Fiscalía ha archivado las actuaciones tras considerar que los hechos no eran en modo alguno constitutivos de infracción.
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